GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA
- 25 ene 2017
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La primera publicación de los artículos de este año, quisiéramos empezar con uno de los temas de importancia para el País y claro para nuestro Sur, “LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA”. Tema de mucho interés, que toca el día a día de todos los ciudadanos tanto del sector rural como del sector urbano por su escasez, contaminación, mercantilización, privatización y por los efectos que genera la influencia del hombre en el medio ambiente.
Quisiéramos compartir en estas líneas la importancia del agua en los procesos de desarrollo y de defensa de los derechos humanos, desde aspectos coyunturales a nivel local, regional y nacional que afectan la cotidianidad de la vida y los procesos que se viven en el Sur.
Nariño es uno de los departamentos más ricos del país en recursos naturales y en biodiversidad, mucha de esta riqueza se debe al agua. Tenemos la mayoría de los ecosistemas posibles, la vida en infinitas manifestaciones y el agua recorriendo cada rincón de este sur, llevando un mensaje de resistencia y lucha.
Escuchaba en estos días con atención por la radio, una denuncia realizada por una mujer ama de casa y beneficiaria del acueducto del Corregimiento de Jongovito en el municipio de Pasto, sobre las dificultades que tiene en su hogar, por la falta de agua desde hace algunos días, situación que es común en nuestros hogares y en muchos de los acueductos especialmente comunitarios de Pasto. Una semana después tras lluvias interminables de dos días se presentaron algunos desbordamientos que afectaron en alguna medida a las comunidades. Estos contrastes frente a la escasez y el desbordamiento del agua, tienen una relación directa en el manejo ambiental y en la gestión del riesgo, acciones para las cuales las comunidades y las instituciones deben estar mejor cualificadas.
En un trabajo de acompañamiento realizado por CORPHASUR a Juntas de Acción Comunal (JAC) del sector rural del municipio de Chachagüí, se evidencia lo sensible que resulta el tema del agua por conflictos sociales en todos los aspectos relacionados con la vida comunitaria y en la labor que tienen las JAC en la promoción y defensa de los derechos humanos.
En general en las comunidades, es evidente el aumento de conflictos por la escasez del agua sobre todo en zonas rurales, pero también en zonas urbanas y periurbanas, el desarrollo de emprendimientos particulares de carácter económico o social dentro de las comunidades (piscinas, hoteles, galpones para la explotación de aves, monocultivos etc.), que en la mayoría de casos no son concertados con los asociados de las Juntas Administradoras Locales y la retribución económica que realizan estos, por el servicio de agua no es representativo ni justo, al uso del agua que estos realizan, perjudicando el bienestar común. Se puede identificar también a priori, las pocas accionas o gestiones que se realizan para la recuperación, cuidado y mantenimiento de los ecosistemas frágiles.
En el escenario político electoral, en las elecciones anteriores de la alcaldía del municipio de Pasto, se presentó en la campaña una disyuntiva entre dos posiciones, la privatización para la optimización en la gestión administrativa del recurso hídrico y la defensa del agua como un derecho público, situación que marco de alguna manera la contienda electoral. Sobre el tema hubo muestras muy interesantes de movilización y concientización sobre la concepción del agua como un derecho público. En la actualidad EMPOPASTO trabaja bajo esta concepción, enfrentando los retos que implica mejorar la gestión que sobre el agua se realiza.
En el municipio de Pasto y en los sectores rurales de otros municipios del departamento de Nariño, hay muchas acciones afirmativas que se vienen realizando sobre la Gestión Comunitaria del agua que necesitan ser fortalecidas y quizá visibilizadas. Hay que reconocer sin embargo la debilidad que existe frente al servicio del agua en temas de infraestructura, conocimiento técnico, administrativo y organizativo de las personas e instancias responsables en las Juntas Administradoras Locales y los acueductos comunitarios. Es necesario acompañar procesos organizativos, comunitarios para el fortalecimiento de capacidades de autogestión e incidencia desde la defensa y autonomía del manejo del agua.
En este sentido es prioridad mejorar las obras de infraestructura y fortalecer internamente a los acueductos comunitarios en la asesoría técnica, administrativa y organizativa. Avanzar en dialogo con los actores presentes en el territorio y con quienes inciden en la dinámica del tema del agua, generar alianzas en la concertación de acciones conjuntas e implementar una estrategia de comunicación sobre la gestión comunitaria del agua.
A nivel regional hay una buena señal sobre la decisión de la Gobernación de Nariño de crear la Secretaria de Medio Ambiente, como una posibilidad de incidir de mejor manera, en la generación de capacidades locales e institucionales para hacer del agua, una de las prioridades de la agenda pública. Sin embargo esto es posible en la medida que seamos coherentes con la designación de profesionales idóneos y el presupuesto necesario para adelantar acciones conjuntas y sinérgicas en el departamento de Nariño.
Si bien hay grandes esfuerzos de las diferentes instancias responsables a nivel regional y local en la gestión comunitaria del agua, se debe reconocer la falta de control y la toma de medidas disciplinarias y sanciones ejemplares a quienes atentan contra el agua y sus ecosistemas. Tomar con mayor importancia los planes y esquemas de ordenamiento territorial y hacerlos respetar. Fomentar la defensa y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua desde la participación y seguimiento, en la formulación de los Planes de desarrollo municipales y departamental y otras instancias de participación ciudadana.
El 15 de noviembre del 2016, fue aprobado por unanimidad en el Senado en sexto debate, la iniciativa que buscaba elevar como norma constitucional el derecho fundamental de todo ser humano al agua, con esta iniciativa se buscaba garantizar la accesibilidad, calidad y disponibilidad del agua en todo el territorio nacional. Actualmente Colombia es el país con mayor superficie de páramos en el mundo y hace parte de los nueve países que concentran el 60% del agua dulce del mundo, razón por la cual es vital su protección. La aprobación significaba que el Estado no sólo se comprometía a cuidar y recuperar los ecosistemas del recurso hídrico, sino también a garantizar el agua para consumo humano antes que para otras actividades, como agricultura, ganadería o minería.
Sin embargo, faltando solo dos debates para que el proyecto de acto legislativo, que pretendía que el agua fuera un derecho fundamental para todos los colombianos, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes permitió que se hundiera al no hacer el trámite del séptimo debate dentro de los tiempos establecidos. Hay muchos intereses económicos alrededor del acceso y propiedad del agua, que no están tan escondidos, son visibles y tienen poder.
El fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua desde CorphaSUR; esta en el poder de la participación de una sociedad consiente, comprometida y empoderada en los procesos de desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva de integralidad, se debe promover el acompañamiento a procesos comunitarios y sociales que impacten la vida individual y colectiva, transversalizando el enfoque diferencial y de género para la superación de inequidades. La gestión comunitaria del agua, implica también innovación en las acciones y procesos frente al mejoramiento de la calidad del agua, de su cuidado y mantenimiento, promoviendo más conciencia sobre el recurso y una cultura ciudadana y política crítica, con capacidad de promover alternativas sobre el manejo sostenible de los recursos ambientales en especial el agua y la reivindicación de la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria como derecho de los pueblos y las comunidades.
La realidad nos plantea que hay que seguir luchando, generando en la conciencia y pensamiento del ciudadano la necesidad de entender que la planeación hacia el desarrollo debe incluir el agua como una prioridad, desde un enfoque de derecho, es decir el agua es necesaria para la vida digna de las personas.





















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